Quizá uno de los casos de los que publica la prensa (y mira que hay competencia) que reflejan con mayor claridad como nuestra crisis económica, política e institucional se ha transformado en una profunda crisis de valores, sea el de la Comisión de investigación sobre el gravísimo accidente del Metro de Valencia ocurrido hace unos años.
Por resumirles brevemente la historia, en el año 2006 se produce un tremendo accidente en el Metro de la ciudad de Valencia que deja nada menos que 43 muertos y 47 heridos. Como suele ocurrir en estos casos, se abre una investigación judicial y otra en el Parlamento autonómico para esclarecer las causas del suceso y determinar las posibles responsabilidades. Todo esto, no está de más recordarlo, se hace con dinero público.
No se trata en este post, porque esto nos llevaría muy lejos, de hablar de la dudosa eficacia de una Comisión de investigación sobre unos hechos de los que puede derivarse alguna responsabilidad para el partido gobernante en un Parlamento en el que ese mismo partido dispone de mayoría absoluta. Tampoco se trata de valorar si la investigación judicial, que concluyó con el archivo de las actuaciones (al concluir que la responsabilidad penal quedó extinguida con la muerte del conductor por entender que el elemento determinante del descarrilamiento fue la velocidad excesiva y no fallos en la seguridad) fue o no correcta, dado que carezco en absoluto de información sobre dicha investigación. En realidad, puede que nunca sepamos lo que ocurrió, es decir, que nunca sepamos la verdad. Y de eso trata este post.
Lo que quiero es llamar la atención –tomando como referencia las noticias aparecidas en la prensa estos últimos días- sobre la conducta de la ingeniosa Gerente (Marisa Gracia) de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Valencia que gestiona el Metro de Valencia que, con dinero público, contrató nada menos que los servicios de una consultora de comunicación especializada (HM&Sanchis) para asesorar a sus propios técnicos cuando fueran a declarar ante la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas. Con esto, la gerente pretendía conseguir la consagración de una ”verdad oficial” obteniendo de sus técnicos (no sabemos como de voluntariamente) ” declaraciones homogéneas” capaces de convencer a los parlamentarios de que lo sucedido fue un accidente “cuya causa fue el exceso de velocidad y que este exceso de velocidad no puede ser atribuido a ninguna deficiencia técnica ni a ninguna dejación de responsabilidades ni a ningún incumplimiento de acuerdos, pues la línea 1 es segura y sobre la misma se lleva en los últimos 5 años y en los próximos 3 un plan de mejoras que se está cumpliendo escrupulosamente”, según reza literalmente el informe de la consultora que ha sido reproducido por un artículo de “el Mundo” del lunes 20 de febrero de 2012
Desde luego, la empresa contratada HM&Sanchís ya puede estar satisfecha del trabajo realizado, ya que lo cierto es que todo terminó felizmente para Ferrocarrils y sus empleados (no así para los familiares de las víctimas, claro está), ya que el Parlamento valenciano consagró esa “verdad oficial” , lo mismo que el Juzgado de Instrucción. Lo que se celebró, siempre según noticias de prensa, con una comilona por todo lo alto donde fueron invitados todos los técnicos que tan bien habían seguido las instrucciones y consejos de la dirección y de la consultora, comida, que, huelga decirlo, también pagamos todos los contribuyentes.
Yo no sé si al llegar a este punto de la lectura ustedes tienen la misma sensación que yo ¿hasta donde se puede seguir deteriorando el sistema de valores en el que se asienta, o se asentaba hasta hace poco , nuestras instituciones públicas? Me refiero a cosas como la responsabilidad, la profesionalidad, la lealtad, la honorabilidad, la dignidad y hasta la simple decencia.
Porque el problema no es solo que Ferrocarrils sea una empresa pública, y que, como tal, esté sujeta a unas normas de Derecho público y a unas obligaciones de lealtad institucional (de colaboración entre organismos públicos) que, al menos sobre el papel, son bastante estrictas, lo mismo que a unas normas de contratación, que, de nuevo sobre el papel, son igualmente estrictas. El problema o la pregunta es ¿Por qué siente la necesidad de contratar Ferrocarrils a una consultora especializada en comunicación en este caso? Pues a esta pregunta, que no es retórica, contesta la empresa diciendo que es “normal” que se trabaje con expertos en comunicación e imagen para dar respuesta a “un asunto de tanta complejidad”.
Y ustedes, que a lo mejor no conocen mucho el sector público, se preguntarán ¿pero de verdad esto es normal? Pues dejando de lado el lenguaje utilizado, ya que este “asunto de tanta complejidad” es un gravísimo accidente de Metro con muchos muertos, lo cierto es que durante los años de la burbuja se ha venido consolidando en el sector público la costumbre de acudir a consultoras “de apoyo”, “asistencias técnicas”, “consultoras especializadas” para bastantes asuntos, fuesen o no de mucha complejidad. Consultoras que, por cierto, pueden ser también otras empresas públicas, para rizar el rizo.
A mi juicio, este fenómeno, tomando como presupuesto la alegría con que se ha dispuesto del dinero público, es un síntoma más de la huida de la responsabilidad por parte de los políticos y gestores públicos. El gestor o directivo público tiende a pensar que puede eludir más fácilmente su responsabilidad si dispone de una consultora o una empresa especializada que “fabrique” una verdad oficial, que puede coincidir, o no, con la verdad. Ya se trate de la realización de una auditoría, de una determinada contratación, de un informe técnico, de un proyecto estratégico, del diseño de una remodelación organizativa, del lanzamiento de un programa de ayudas, de un tema jurídico complejo, etc, etc, etc, el gestor público respira más tranquilo si dispone de un documento con el logo y sello de la empresa (no olvidemos que el sector público sigue teniendo mucha fe en la papelería) que avale sus decisiones, por si acaso al final la cosa sale mal, y la verdad es que en estos años muchas cosas han salido pero que muy mal. En definitiva, el gestor o directivo público siempre podrá refugiarse en el hecho de que su actuación venía avalada por un “informe técnico” de una empresa empresa externa independiente, y si tiene marca, todavía mejor.
Huelga decir que las empresas contratadas para estos menesteres suelen ser bastante más complacientes con el gestor que los contrata que los funcionarios y empleados públicos, y eso que tampoco es que la independencia de estos colectivos haya sido para tirar cohetes, aunque soy consciente de que las generalizaciones siempre son injustas. Pero creo sinceramente que si estas conductas independientes y profesionales hubieran sido las predominantes no estaríamos donde estamos.
Pero es que realmente Ferrocarrils ha dado un paso más allá. No contrató a la consultora solamente para hacer un informe que avalase su falta de responsabilidad en el accidente. No, lo suyo fue convertir a los propios técnicos de la casa en los avalistas de su falta de responsabilidad, mediante un concienzudo proceso de “coaching” que les permitiese decir con visos de verosimilitud lo que su empresa consideraba conveniente que dijesen a las Cortes Valencianas. Se trataba de eliminar la posibilidad de que declarasen espontáneamente y ¿por qué no decirlo? de acuerdo con su propia conciencia, no fuesen a cometer “errores”. Además se trasmitía además a los técnicos el mensaje claro de que la empresa quería que comunicasen lo que la empresa había decidido que dijesen, no lo que ellos creían que debían decir.
Vaya por delante que ignoro si la verdad oficial en este caso coincide o no con la verdad a secas, o con lo que los seres humanos podemos considerar como la verdad en un caso tan triste. Pero no solo no me parece normal, sino que me parece moralmente objetable que la verdad oficial se” fabrique” con dinero público contratando a una empresa especializada para enfrentarse a una Comisión de Investigación también pagada con dinero público. Y que cuando esa verdad oficial se consagra en las instancias correspondientes, se celebre con una comida también con cargo a los contribuyentes. Y siempre me rondará una última pregunta ¿para qué tantas molestias si realmente esa era toda la verdad?
